El derecho de acceso a la información pública deja mucho que desear en España. De las demandas de información que se presentan ante distintas administraciones, el 78% ni se molestan en responder.
Los ciudadanos se encuentran con obstáculos para saber qué hacen las administraciones con su dinero, o cómo toman decisiones que les afectan. La legislación posibilita que las instituciones públicas encuentren base legal para negar la información que se les pida. Del 78% de solicitudes no respondidas, el 35% lo fueron por silencio administrativo.
No se responde, por ejemplo, a las reuniones del Mº de Obras Públicas con grandes o influyentes contratístas. Estudios del Gobierno Vasco para uso de programas libres, se quedan sin respuesta. Las explicaciones ofrecidas para negar información se basan en argumentos que no cumplen los principios reconocidos internacionalmente sobre acceso a la información pública.
Datos tomados de Ciberp@ís.